El Gobierno de los Estados Unidos y la Alianza para Centroamérica comparten la convicción de que
la gobernanza democrática abierta, receptiva y responsable es la base de economías vibrantes que
generan buenos empleos y son vitales para que los habitantes del norte de Centroamérica puedan
llevar vidas plenas, seguras y dignas. Reconocemos el importante rol que puede desempeñar el
Llamado a la Acción, anunciado el 27 de mayo de 2021, para fomentar un entorno en el que
florezcan el estado de derecho y el trabajo digno. Declaramos nuestra intención de fortalecer
nuestros esfuerzos conjuntos para lograr esta visión.
Como parte de nuestra colaboración continua en Central America Forward (Centroamérica
Adelante), tenemos la intención de trabajar juntos para promover la integridad empresarial, el respeto
por los derechos humanos, en línea con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos (UNGP) de la ONU, la debida diligencia significativa, la adopción de buenas prácticas,
incluso en lo relacionado con la participación significativa de las partes interesadas y el
cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, así como con respecto a la eliminación de la
corrupción; el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva; la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la
eliminación de la trata de personas; la eliminación de la discriminación ilegal, incluso por motivos de
género, con respecto al empleo y la ocupación; y un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Alentamos a las entidades del sector privado a unirse a nosotros en este esfuerzo. Tenemos la
intención de asociarnos con entidades que modelen la integridad empresarial y se adhieran a los
siguientes principios y acciones:
• No participar en prácticas comerciales corruptas, incluido el soborno;
• No tolerar violaciones de los derechos laborales internacionalmente reconocidos;
• No tolerar el acoso sexual o la violencia en el lugar de trabajo;
• Desarrollar políticas y prácticas para identificar y mitigar los impactos adversos sobre los
derechos humanos en sus operaciones, en línea con los Principios Rectores, y tomar medidas
oportunas en respuesta a indicios de conducta corrupta o abusos contra los derechos
humanos;
• Identificar oportunidades para fortalecer y aplicar mecanismos internos de prevención,
detección y remediación, y promover estos principios en sus cadenas de valor.
